El Fracaso del Chavismo en Honduras

 

Por Uriel Herrera

Cuando un hombre está en el poder, necesita el consejo, el apoyo, el cariño y el aliento de sus gobernados, que han de ser sus amigos, no sus vasallos; pero si ese hombre se olvida que se debe al pueblo y no respeta derechos ni constituciones, el pueblo tiene la obligación de recordarle los deberes de la altura, e imponerle su soberanía, ¡si no por la razón, por la fuerza!   Leandro Alem 

No extraña en absoluto y era mas bien de esperarse, que los representantes ante la OEA del chavismo y el orteguismo expresaran su inconformidad cuando el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, daba a conocer oficialmente el acuerdo al que llegaron recientemente las partes negociadoras en Honduras para poner fin a la crisis política. El acuerdo sucrito establece que será al Congreso hondureño al que le corresponderá decidir sobre la restitución de Zelaya en el cargo. Ambos emisarios permanecieron al margen de la celebración del acuerdo alcanzado y como quién da patadas de ahogado, apuntaron apenas a decir que no serían parte del “jolgorio” hasta no ver a Zelaya reestablecido en el “poder”… si acaso, sería en el cargo, no en el poder, valga la aclaración 

He aquí el quid del asunto y lo que explica la posición de los gobiernos de Chávez y Ortega ante la OEA. El acuerdo alcanzado implica inevitablemente la pérdida del poder de Zelaya y en consecuencia el desmoronamiento de la base ideológica – política sobre la que el chavismo pretendía anclar sus planes en Honduras, como parte integral de su más amplia estrategia intervencionista en la región. 

Desafortunadamente, en Nicaragua la situación es muy poco alentadora; aquí los planes del chavismo han continuado su curso sin mella alguna, lo que Chávez no alcanzó a establecer en Honduras, en Nicaragua ha pasado a convertirse en el eje central de su proyecto expansionista en Centroamérica. 

Todo parece indicar que el fracaso de Chávez en Honduras, implicará necesariamente profundizar y acelerar el proceso “revolucionario” en Nicaragua tendiente a asegurar su supervivencia en la región, quedando por ahora en un compás de espera. La sentencia apresurada de la Sala Constitucional de la CSJ, que en flagrante violación a la Constitución Política de Nicaragua (la OEA ha guardado sepulcral silencio) le allana el camino a Ortega para reelegirse a perpetuidad, podría considerarse en el actual contexto como parte de una maniobra necesaria y urgente ante las contingencias en Honduras. 

Ahora bien, si el cronograma establecido en Honduras se cumple, se esperaría entonces se constituya un “gobierno de unidad nacional” no más allá del 5 de noviembre. Asimismo, se esperaría la restitución de Zelaya en el cargo antes del 29 de noviembre, fecha establecida en el calendario electoral para la realización de los comicios. Hasta que no se vote la restitución de Zelaya en el Congreso Nacional - en receso - Micheletti continuará presidiendo el gobierno. En el acuerdo sucrito no quedó establecida una fecha que señale el día en que se llevará a cabo la votación, se "asume" que se votará antes de la fecha de las elecciones… así lo asume al menos Zelaya. 

A partir de ahora, cabe preguntarse ¿Cuál será el probable escenario posterior al proceso electoral? Aunque el acuerdo pone frenos a Zelaya en su tentativa de reformas constitucionales y por ahora no contempla amnistía alguna, seguramente ha de esperarse que después de las próximas elecciones de las que surgirá un nuevo gobierno, Zelaya continuará tratando a través de sus asociados políticos, impulsar indirectamente cualquier iniciativa apuntalada a desembocar eventualmente en una Asamblea Constituyente, sin duda a esto apostará con su compinche Hugo Chávez. 

No será tan sencillo, en primera instancia y considerando el origen político de los actuales candidatos presidenciales, surgirá muy probablemente un gobierno de corte “conservador”, poco o nada afín a Zelaya. Por otro lado, el pueblo hondureño a estas alturas habrá sabido extraer las consecuencias positivas del trance por el que atravesó y le significó un costo social, económico y político elevadísimo. 

El balance de la crisis deja con números rojos a Zelaya y pone en evidencia que cualquier intento autoritario e ilegal tendiente a romper el orden constitucional, como pretendió hacerlo el mismo Zelaya en su afán de instalar su cuarta urna para abrirse camino hacia la reelección presidencial, sería firmemente rechazado y condenado bajo cualquier circunstancia... contrario, dicho sea de paso, a lo sucedido en Nicaragua a partir del golpe a la institucionalidad asestado por el orteguismo. 

El antecedente que se ha sentado en Honduras bajo la premisa de preservar la institucionalidad del Estado, conllevará necesariamente a su consolidación así como al fortalecimiento de la democracia hondureña y consecuentemente, al afianzamiento de sus candados institucionales. 

Parafraseando la cita de Leandro Alem que me ha parecido ajustada a la altura de las circunstancias; Zelaya se olvidó que se debía al pueblo y no respetó los derechos constitucionales de los hondureños, así que el pueblo asumió la obligación de recordarle sus deberes… y le impuso su soberanía, ¡si no por la razón, por la fuerza! 

Aún cuando no se ha escrito todavía el último capítulo de la aparentemente superada crisis política, no cabe duda que la democracia hondureña ganó y creció…ojalá pudiéramos afirmar pronto lo mismo en Nicaragua.

El acuerdo alcanzado implica inevitablemente la pérdida del poder de Zelaya y la derrota de Chávez en Honduras.