Nicaragua: abril no se olvida, la memoria resiste

Imagen, Fuente: South World.

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Nadie tiene derecho a obedecer.
— Hannah Arendt 

Uriel J. Herrera | Opinĭo | abril 2025

El 14 de abril de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer una declaración oficial en la que reitera, actualiza y condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua. Este pronunciamiento se dio en el marco de la conmemoración del séptimo aniversario del levantamiento cívico de abril de 2018, constituyendo un nuevo esfuerzo por mantener viva la denuncia internacional contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Precisamente, la CIDH recordó que más de 300 personas perdieron la vida como consecuencia directa de la represión estatal iniciada el 18 de abril de 2018, cuando miles de ciudadanos —estudiantes, campesinos, profesionales, jubilados— salieron a las calles a manifestarse en contra de una reforma al sistema de seguridad social. Lo que comenzó como una protesta cívica se transformó rápidamente en una masacre institucionalizada, donde las fuerzas policiales y parapoliciales, en lugar de contener con criterios de orden público, ejecutaron una operación de aniquilamiento contra la población civil.

En esta declaración conmemorativa, la CIDH puso especial énfasis en los crímenes de destierro, despojo de nacionalidad y apatridia, pues más de 450 personas han sido privadas de su nacionalidad por el régimen, mientras a otras 290 se les ha prohibido el reingreso al país, una violación directa al derecho internacional. Por otra parte, a esto se suman 348 casos documentados de represión migratoria, entre desplazamientos forzados y expulsiones colectivas, donde más de 400,000 personas han sido obligadas a huir de Nicaragua, no por decisión voluntaria, sino por la necesidad de preservar la vida, la integridad física o la libertad personal.

Por otra parte, la declaración denuncia el control arbitrario y represivo sobre la emisión de documentos ciudadanos, tal es el caso de la renovación de cédulas de identidad, la confiscación de pasaportes y la denegación de documentos oficiales; procedimientos que se utilizan como herramientas para castigar a la disidencia, extender el miedo y romper los vínculos legales y sociales de quienes se oponen al régimen.

La CIDH también expresó su preocupación por la reforma constitucional impulsada por el régimen, una suerte de nueva constitución que elimina de facto el Estado de derecho. Es decir, se criminaliza la disidencia al calificar como “traidores a la patria” a los opositores, lo cual acarrea la pérdida de nacionalidad, así como la exclusión permanente del orden institucional.

Por otro lado, cabe mencionar que, aunque Nicaragua se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA), sigue siendo parte del sistema interamericano de derechos humanos por su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos humanos, también referida como el Pacto de San José. Por lo tanto, la CIDH continúa ejerciendo su mandato sobre el país, y su voz sigue teniendo tanto peso legal como moral ante la comunidad internacional.

En este contexto, si bien el pronunciamiento de la CIDH no cambia de inmediato la situación interna de Nicaragua, representa un acto de memoria y reafirmación que fortalece la esperanza de las víctimas, pues es una señal de que, tarde o temprano, los crímenes no quedarán impunes, dado que la documentación recogida será útil para el juicio histórico y legal que permitirá llevar a los responsables ante la justicia.

La represión no es solo una política de Estado. En realidad, es el Estado. Donde en ese modelo, no hay lugar para la disidencia, la crítica o el simple ejercicio de los derechos civiles. En este sentido, la desaparición forzada de las libertades no se impone únicamente mediante la violencia, pues también se ejerce mediante decretos, registros, tribunales sumisos y un aparato represivo que convierte al opositor en enemigo.

Este nuevo pronunciamiento de la CIDH no debe verse como un gesto ceremonial; más bien, debe entenderse como un acto de resistencia simbólica, jurídica y ética. Nicaragua vive bajo un régimen que niega la condición humana de sus ciudadanos mediante una política de exclusión, miedo y exilio. Por lo tanto, el silencio de los organismos internacionales sería una forma de complicidad.

Cuando un gobierno intenta borrar mediante artificios legales a su población, estamos ante una tragedia que rebasa las fronteras de Nicaragua y compromete, sin exagerar, la democracia y el futuro del hemisferio.